El PSOE dice que 'hay que garantizar' que los afectados de Martinsa reciban sus casas

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El PSOE dice que 'hay que garantizar' que los afectados de Martinsa reciban sus casas

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha afirmado que el Gobierno va a "echar una mano" a las familias que habían depositado dinero para adquirir una vivienda a Martinsa y que "habrá que garantizar" que dispondrán de sus casas.

Asimismo, ha recordado que el Estado "puede operar sobre el suelo" comprándolo a inmobiliarias para construir vivienda protegida, y ha dicho que el Consejo de Ministros tiene previsto adoptar esta medida esta semana o la próxima.

"Queremos actuar para, desde las competencias del Estado y junto a las comunidades autónomas, poder ayudar a las familias y al sector", ha explicado el dirigente socialista.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó el miércoles que ve injustificado la ayuda del Gobierno a Martinsa porque asumió "riesgos excesivos".

La presentación del concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la inmobiliaria Martinsa Fadesa afecta a 13.000 familias que esperan que la compañía les entregue las llaves de su casa.
La mayor crisis de la historia

Por otro lado, Blanco ha afirmado que es "compatible" decir que España vive la "crisis económica más compleja" de su historia y tener confianza en el futuro, el sistema financiero y los sectores que "siguen tirando" de la economía, como el turismo, la industria o los servicios.

"Creo que son compatibles ambas expresiones", ha señalado, en declaraciones a Punto Radio, al ser preguntado por las declaraciones del vicepresidente económico, Pedro Solbes, sobre la complejidad de la crisis económica, y las del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que rechazó las dudas sobre el futuro y garantizó la fortaleza económica.

El vicesecretario general del PSOE se ha referido también al plan de viabilidad presentado por Spanair que prevé el despido de 1.100 de los 3.800 empleados de la compañía y ha dicho que se debe al incremento del precio del petróleo del que no es responsable el Ejecutivo, y que "tiene origen en una política desastrosa por parte de la administración americana, por parte del Gobierno Bush".

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