Resumen de la cita con la Oficina de Consumo

Aquí os dejamos el resumen de la reunión de esta mañana:

Visita a la Oficina de Consumo de Alcalá de Henares
Fecha: 24 de Julio de 2008

La semana pasada solicitamos una cita en la Oficina de Consumo de Alcalá de Henares, situada en la calle de los mínimos nº 1. El motivo de la misma era solicitar información y asesoría sobre las irregularidades patentes de Fercler S.L. En primera instancia, la cita era a título personal, pero tras la reunión de ayer con el grupo del PSOE de Alcalá, varios de los presentes decidieron venir también a tal encuentro.

Nos atendió un inspector de consumo de la oficina, del cual no recuerdo el nombre, pero que en todo momento nos explicó cada punto.

Iniciamos la cita contándole el problema que nos hacía recurrir a ellos, que no es otro que el incumplimiento del Contrato de Compra-Venta de Fercler S.L. que algunos hemos firmado. Exactamente, nos referimos a la cláusula séptima, que dice así:

“Las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda objeto presente compraventa estarán garantizadas mediante aval bancario o póliza de afianzamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley 57/1.968 de 27 Julio y en la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Constituyendo dicho Aval para LA PARTE COMPRADORA la garantía de la recuperación de las cantidades entregadas a la PARTE VENDEDORA para el caso de que la construcción de los inmuebles adquiridos no llegue a buen fin en las condiciones convenidas, la ejecución del mismo solo podrá tener lugar en tal supuesto, no pudiendo LA PARTE COMPRADORA instar la ejecución por el mero retraso en la entrega, salvo que el mismo sea exclusivamente imputable a LA PARTE VENDEDORA y no a terceros intervinientes en el proceso. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de LA PARTE COMPRADORA a la reclamación de los daños y perjuicios que el retraso en la entrega pudiera ocasionarle.

En el momento de la entrega de llaves, LA PARTE COMPRADORA devolverá a LA PARTE VENDEDORA las garantías que, en su caso, hubiera recibido de acuerdo con el párrafo anterior. Si aquélla no la devolviese por cualquier circunstancia, la firma del documento de recepción de llaves implicará automáticamente la renuncia a la ejecución de las mismas por su parte.”

Particularmente no he enviado ningún burofax requiriendo el aval, pero soy consciente de que otros compañeros que ya lo han solicitado no han tenido respuesta a este respecto, más la negativa a darlo porque no existe.

El inspector, ante esta situación nos indica que lo que se puede hacer, desde la OMIC, es presentar una Hoja de Reclamación de Denuncia en la cual se notifique a la Oficina de Consumo que esta empresa, Fercler S.L., está incumpliendo las Leyes arriba citadas, que ellos mismos reflejan en el contrato de Compra-Venta.

Preguntándole por las consecuencias que esto provocaría, nos indica que se abriría una vía administrativa por la cual la Administración Pública multaría a Fercler S.L. por no cumplir la Ley que rige este tipo de operaciones de adquisición de bienes inmuebles. Que este proceso sería largo, siguiendo una serie de plazos administrativos, y que en ningún caso nosotros deberíamos pagar nada. Además, a la pregunta de que si nosotros ganábamos algo con esto, el inspector de consumo nos confiesa que tampoco.

Ante la pregunta de si denunciando a través de ellos podríamos lograr la aceleración del proceso de obtención del aval, el inspector no nos pudo asegurar nada. Volvió a insistir que ellos simplemente denuncian y multan, y que sus actuaciones no tienen porqué solucionar problemas denunciados, sino que deberían prevenir problemas futuros.

Esta vía administrativa es un proceso paralelo a la vía judicial. Nosotros denunciamos que una empresa no cumple la ley y la Administración multa a esa empresa por no hacerlo. Si nosotros queremos denunciar a la empresa por incumplimiento y además recuperar nuestro dinero o presentarnos como acreedores, siempre debemos recurrir a la vía judicial. En este caso, la persona de la oficina de consumo que nos atendió nos aconsejó que tratáramos de hablar con la OCU, Facua o alguna organización de consumidores que sí que tienen departamento jurídico. Además, haciendo mención a otros procesos como el de Forum Filatélico y Opening, estas avocaciones disponen de defensa jurídica gratuita financiada por el Gobierno español. También confesó que en este momento desconoce si han iniciado a agrupar afectados estas organizaciones y nos instó a informarnos directamente con ellos.

Después de la reunión con el inspector de la Oficina de Consumo, los que asistimos estuvimos hablando un poco de lo tratado. Hubo disparidad de opiniones sobre qué posición adoptar, si denunciar o no. El sentimiento mayoritario era el de no denunciar porque esto lo único que haría sería hacer multar a Fercler S.L. y nunca nos veríamos nosotros beneficiados por esa multa. No conseguiríamos el aval, ni aceleraríamos el proceso. Además, una o varias multas restaría poder económico a la empresa que podría repercutir en la no consecución de nuestras viviendas.

Personalmente creo que en parte esto puede venir bien para ejercer presión a la empresa. Una persona en particular no puede hacer nada, pero si muchos denunciamos y esto llega a la Administración Pública puede que salten las alarmas oportunas en los Órganos oportunos que provoquen la solución inminente de nuestra irregularidad, el aval. Aún así, soy partidario de dar un tiempo prudencial, mínimo hasta haber enviado el burofax solicitando el aval y no obteniendo respuesta por parte de Fercler S.L.

Asociaciones de Consumidores

Esta misma mañana, después de la cita en la OMIC, he llamado a varias organizaciones de consumidores: OCU, Facu y CECU Madrid (Acurema). El objetivo era saber si iban a iniciar una defensa jurídica de afectados por el “Concurso de Acreedores de Martinsa-Fadesa”. En las dos primeras me han comentado que por ahora no tienen noticias de que se vaya a realizar, pero que visto los precedentes de FORUM Filatélica y Opening, ven muy probable que más adelante se gestione. En todo caso, ambas me indican que esté pendiente de las noticias porque lo darán a conocer a la prensa en cuanto lo hayan decidido. Por su parte, Acurema, me ha comentado que lo mejor que puedo hacer es pasarme esta tarde por las oficinas situadas en Daoiz y Velarde 28, de Alcalá de Henares. En este momento no disponen de información alguna sobre la Defensa Jurídica, pero si que ofrecen el asesoramiento.

Con respecto a precios, las dos primeras rondan los 50 – 70 € anuales para todo el tema de asesoría. Para la Defensa Jurídica habría que verlo, aunque desde la OMIC nos cuentan que suele ser gratuita o de coste bajo, pues suele ir financiada por el Gobierno.

Fuente: JAG